Margarita Rosa Vega
Editora - Semana

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¿Faenón minero?.

Como lo habíamos dicho en la columna anterior, el gobierno espera días en los cuales la población está más entretenida en las compras navideñas y en las fiestas de fin de año, para dar el golpe con leyes que van a crear un potencial conflictivo, en este caso en la región Piura con el cuestionado tema minero.

Esto ha pasado con la legalización de la presencia de la minera china  Zijin en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, donde justamente se hicieron las consultas vecinales ante la resistencia de las comunidades a esta actividad extractiva y el gobierno, con el defenestrado primer ministro Jorge del Castillo, frustró en diciembre del 2007, el diálogo abierto por las mismas comunidades campesinas.

El Decreto Supremo Nº 024-2008-DE del 27 de diciembre, declara de necesidad y utilidad pública la inversión privada en actividades mineras para que la empresa Xiamen Zijin Tongguan Invesment and Development Co. Ltd. pueda adquirir y poseer concesiones y derechos mineros y “recursos complementarios” (La norma no señala cuáles, pero lo principal es el agua) para el mejor desarrollo de sus actividades productivas dentro de los 50 kilómetros de la  zona de frontera.

Este “faenón” ha provocado, con justicia,  la reacción de las comunidades campesinas y de los pueblos de la región Piura que saben y conocen muy bien cuál ha sido la imposición del gobierno aprista de Alan García para allanarle el camino a las mineras mediante decretos inconstitucionales, a los que las instituciones del Estado que deberían velar por el respeto a la ley de leyes que es la Constitución, vienen permitiendo que continúe vendiendo el territorio nacional como si fuera el único dueño del Perú y sin consulta a las poblaciones.

Con ese decreto el gobierno se ha traído abajo además, los argumentos de Defensoría del Pueblo respecto a la ilegal presencia de la minera Monterrico Metals, luego Zijin, en territorio comunales de Yanta y de Segunda y Cajas, en Ayabaca y Huancabamba respectivamente. Junto a estos argumentos, también están los técnicos que hace dos años John Bebbington alertó sobre el riesgo de un distrito minero en la zona, cuando se intuía en la ampliación de los derechos mineros hacia la empresa Mayari SAC, cuyo dueño de las concesiones es nada menos quien antes fue gerente de la Minera Majaz,  Francisco Eguren Anselmi.

Esto es lo que el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, diría de la tercera particularidad de los países ricos en recurso naturales “es que así como tienen más desigualdad, también tienen más dictadores. Si se mira alrededor del mundo se puede ver que una fracción muy alta de países ricos en recursos naturales, han tenido problemas políticos que socavaron la democracia”.

A partir del Consenso de Washington que impuso durante la época del nipón Alberto Fujimori, la privatización de las industrias extractivas, las negociaciones con el sector privado no han sido las más eficientes, y esto se demuestra con el caso de PetroPerú que le ha causado un gravísimo daño a la nación al entregar una industria estratégica, como  lo hemos experimentado con el alza de los precios del petróleo. Como dice Stiglitz, “el interés del sector privado es maximizar sus ganancias para los accionistas y maximizar sus ganancias significa minimizar lo que se le paga al gobierno, al Estado por el recurso natural”. También es cierto que los gobiernos no saben negociar frente a la posición  de ventaja en materia de información y capacidad de negociación de las poderosas transnacionales que conocen la complejidad de los tratos porque así como hay excepciones, la mayoría de estas empresas petroleras o mineras, saben bien cuando apostar, especialmente cuando están próximas las elecciones en un país o cuando se puede traer abajo a un gobierno cuando no les es favorable a sus negocios o corrompiendo a funcionarios  proclives a sus intereses.

El Decreto Supremo Nº 024 muestra claramente que el gobierno sigue pensando que el mercado sigue siendo la panacea, el que ofrece la mejor oportunidad y crecimiento al país, pero jamás  perciben el valor real y total de sus recursos naturales para un desarrollo sostenible, debido a que el PBI (Producto Bruto Interno) no se está midiendo adecuadamente,  por eso el Nobel de Economía impulsó la creación del “PBI Verde “ en Estados Unidos, y  aquí en el Perú  ni siquiera lo piensa la poderosa Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía . Porque no les conviene a las transnacionales ni a las extractivas,  tomar en cuenta el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente para evaluar si el bienestar de la población está mejorando o empeorando y lo principal aquí en la zona, es el recurso agua que proviene de los páramos no de los nevados, ni de los glaciares como creen muchos de los defensores de la minería.

Es un momento crucial para sentar democracia y no permitir alegatos de autócratas, si se tiene en cuenta que Decreto Supremo Nº 024, no ha sido firmado por el Ministro del Medio Ambiente, doctor Antonio Brack Egg, cuyo ministerio debería haber definido previamente la biodiversidad de las zonas en concesión y del agua como mineral que genera vida y es importante para la agricultura y sustento regional.